
Especialistas, jueces y funcionarios debatieron cómo frenar la creciente judicialización de la salud

La jornada se realizó en Buenos Aires durante el segundo desayuno de trabajo organizado por OSDEPYM, el IIDOS y FESAL, con foco en la evolución del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA) y el rol del Cuerpo Médico Forense en la resolución de controversias.
El encuentro reunió a autoridades nacionales, referentes legislativos, integrantes del Poder Judicial y representantes del sistema sanitario en medio de una creciente preocupación por la cantidad de litigios vinculados a prestaciones médicas, medicamentos y coberturas.
La apertura estuvo encabezada por Alfredo Gamietea, mientras que el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, expuso sobre los desafíos que enfrentará el sistema sanitario en los próximos años.
También participaron el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman; el diputado nacional Manuel Quintar; y la senadora Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud del Senado.
Uno de los temas más relevantes fue el funcionamiento del PROMESA, mecanismo creado para intentar resolver conflictos sanitarios antes de que lleguen a la Justicia. Según se detalló durante la jornada, el sistema ya logró acuerdos en más del 60% de los casos y redujo considerablemente los tiempos de resolución, que en promedio no superan las tres semanas.
En ese marco, el diputado Quintar adelantó que buscará impulsar un proyecto de ley para establecer la mediación obligatoria previa a cualquier demanda judicial relacionada con salud, una iniciativa que generó fuerte interés entre los participantes.
Durante el debate también se planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, financiadores, prestadores y organismos técnicos para evitar decisiones aisladas que impacten sobre la sustentabilidad del sistema sanitario.
El presidente de FESAL, Franco Caviglia, sostuvo que el país necesita avanzar hacia “consensos posibles” frente a un contexto económico complejo y recursos limitados.
Además, se propuso reforzar la capacitación judicial sobre temas sanitarios y consolidar una mesa multisectorial permanente que permita discutir políticas públicas de largo plazo para el sistema de salud argentino.
El cierre estuvo a cargo de Facundo Rodríguez, quien definió al PROMESA como una herramienta clave para comenzar a construir acuerdos entre todos los actores del sector y avanzar hacia un esquema sanitario más previsible y eficiente.
El encuentro dejó en claro que la discusión sobre la judicialización de la salud ya no pasa solamente por cuestiones legales, sino también por la necesidad de encontrar equilibrio entre derechos, financiamiento y sustentabilidad en uno de los sistemas más tensionados del país.


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