El sistema de transporte público en San Isidro atraviesa una de sus crisis más profundas de los últimos años, con varias líneas de colectivo completamente paralizadas y miles de usuarios afectados en su movilidad diaria.
Las líneas 333, 407, 437 y 707 dejaron de funcionar tras un conflicto que combina deudas salariales, problemas financieros de la empresa operadora y medidas judiciales que complicaron cualquier intento de reordenamiento del servicio. La situación impacta directamente en barrios enteros que quedaron sin conexión estable con centros de estudio, trabajo y atención médica.
El origen del problema se remonta a una crisis económica sostenida de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), operadora de las líneas afectadas. Los trabajadores denuncian atrasos salariales de varios meses, pagos en cuotas y una situación que describen como “insostenible”.
En ese contexto, se profundizaron las medidas de fuerza y se terminó de paralizar el servicio. La falta de colectivos generó un efecto inmediato en la vida cotidiana: demoras, sobrecarga de otras líneas y un incremento del tránsito vehicular en arterias principales del distrito.
A la par, el conflicto escaló hacia la vía judicial, con presentaciones que complicaron aún más la posibilidad de reasignar recorridos o intervenir el sistema de manera rápida.
La situación no solo afecta a los usuarios del transporte, sino también a los choferes, que reclaman por salarios adeudados y condiciones laborales deterioradas.
En distintas movilizaciones frente al municipio, los trabajadores denunciaron falta de respuestas concretas y exigieron una solución urgente para destrabar el conflicto. En paralelo, usuarios y vecinos expresan malestar por la falta de alternativas de movilidad en zonas donde el colectivo es el principal medio de transporte.
El reclamo se repite: la ausencia de un esquema de contingencia dejó a barrios enteros prácticamente desconectados.
En este contexto, comenzaron a intensificarse las críticas hacia la gestión del intendente Ramón Lanús, a quien sectores gremiales, vecinos y opositores apuntan por la falta de respuestas rápidas y planificación ante la crisis.
Uno de los principales cuestionamientos es la demora en la implementación de soluciones efectivas mientras el servicio permanece paralizado. También se señala la falta de conducción política en la resolución del conflicto entre la empresa, los trabajadores y los organismos provinciales.
Desde sectores sindicales y usuarios se plantea que el municipio no logró anticipar el impacto de la crisis ni garantizar un esquema alternativo de transporte que minimice el perjuicio a los vecinos.
Desde el municipio se impulsaron propuestas para reordenar recorridos y sostener la conectividad del distrito, en coordinación con la Provincia y otras empresas del sector. Sin embargo, la implementación enfrenta obstáculos administrativos y judiciales que retrasan cualquier solución inmediata.
Mientras tanto, el conflicto sigue sin una resolución clara y el servicio permanece interrumpido en gran parte del distrito, generando un escenario de incertidumbre para usuarios y trabajadores.
Lo que comenzó como un problema del sistema de transporte derivó en una discusión política más amplia sobre la gestión local, la planificación del transporte público y la capacidad de respuesta del Estado municipal ante crisis estructurales.
Con el servicio aún paralizado y sin una salida inmediata en el horizonte, el conflicto en San Isidro se instala como uno de los temas más sensibles en la agenda local.
